Es en la participación donde se constituye el ciudadano.
La ciudadanía es un concepto con una larga historia en la tradición occidental, que tiene en su origen una doble raíz, la griega y la latina. Esta
doble raíz, más política en el primer caso, más jurídica en el segundo,
puede rastrearse hasta nuestro días en la disputa entre las tradiciones comunitaria, republicana y liberal.
Aunque las raíces de la ciudadanía sean griegas y romanas, el concepto
actual de ciudadano procede, sobre todo, de los siglos XVII y XVIII, de
las revoluciones francesa, inglesa y norteamericana y del nacimiento del
capitalismo. La protección de los derechos naturales, de la tradición medieval, exigió la creación de un tipo de comunidad política —el Estado
nacional moderno— que se obligaba a defender la vida, la integridad y la
propiedad de sus miembros. Con la aparición del Estado moderno se va
configurando el actual concepto de ciudadanía. “La ciudadanía es, primariamente, una relación política entre un individuo y una comunidad política, en virtud de la cual el individuo es miembro de pleno derecho de
esa comunidad y le debe lealtad permanente”.
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Después de la Segunda Guerra Mundial la concepción de ciudadanía
estuvo casi enteramente definida en términos de posesión de derechos,
siendo la exposición más influyente la de T. H. Marshall, para quien “laciudadanía consiste esencialmente en asegurar que cada cual sea tratado
como miembro pleno de una sociedad de iguales. La manera de asegurar
este tipo de pertenencia consiste en otorgar a los individuos un número
creciente de derechos de ciudadanía”.
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Los jóvenes colombianos consideran que para ser un buen ciudadano es
“muy importante” obedecer la ley (70%), participar en actividades que
promuevan los derechos humanos (61%), ser patriota y leal al país (61%),
participar en actividades para proteger el medio ambiente (60%) y participar en actividades que beneficien a la gente de la comunidad (59%). Otras
acciones o actitudes son consideradas en menor proporción “muy importantes” para la constitución del ciudadano ideal: votar en todas las elecciones (51%), trabajar duro (48%), conocer la historia del país (47%), estar
dispuesto a prestar el servicio militar para defender el país (44%) y demostrar respeto por los representantes del gobierno (41%).
Entre lo que “no es importante” para que un adulto sea considerado un
buen ciudadano se destaca participar en discusiones políticas (22%), estar
dispuesto a ignorar una ley que viole los derechos humanos (21%), unirse
a un partido político (18%) y seguir los asuntos políticos en los periódicos, la radio o la televisión (15%).
Una interpretación de los datos anteriores es que los jóvenes tienen una
concepción del ciudadano ideal como un sujeto pasivo antes que activo;
de ahí el relativamente escaso interés en informarse, en ingresar a una
organización política, en votar en las elecciones, en tomar parte en discusiones políticas. Otra interpretación posible es que los jóvenes entienden
la ciudadanía como un quehacer alejado del ámbito propiamente político, es decir, de los partidos, las elecciones y los debates, mientras que
prefieren ver el ideal en asuntos públicos al parecer “no contaminados”
políticamente, como pueden ser los temas ambientales, los derechos humanos o la solidaridad comunitaria.
Sobresale el acatamiento a las leyes como rasgo distintivo del buen ciudadano. Obedecer la ley fue la actitud que un porcentaje más alto, 70%,
consideró muy importante para definir al ciudadano ideal, mientras que,
en el otro extremo, “estar dispuesto a ignorar una ley que viole los derechos
humanos” fue considerado por el 21% —el segundo más alto rechazo—como algo no importante para tal propósito. En igual sentido se pronunciaron cuando se les preguntó qué significa que la gente “se niegue a
obedecer una ley que viola los derechos humanos”, a lo cual respondió el
69% que es algo muy malo o relativamente malo para la democracia,
mientras que sólo 29% dijo que ello es relativamente bueno o muy bueno
para la democracia.
Estas respuestas, tan claramente favorables al acatamiento de las leyes, se
contradicen, sin embargo, con otras afirmaciones, como aquella que valora positivamente el nepotismo o la intromisión de los políticos en la
administración de justicia. Recordemos que el 47% manifestó que era
relativamente bueno o muy bueno para la democracia que “los líderes
políticos que están en el poder den empleo en el sector público a sus
familiares”, mientras que el 59% opinó en el mismo sentido acerca de que
“los políticos influyan en las cortes y los jueces”.
No es claramente deducible del cuestionario aplicado si el respeto manifestado por la ley es una mera formalidad, en cuyo caso nos encontraríamos con la adopción, por parte de los jóvenes, del antiguo pero aún vigente principio aplicado por los funcionarios coloniales en América, que
muchas veces dejaban sin cumplimiento práctico las órdenes reales pero
realizaban todo tipo de manifestaciones de adhesión a ellas, actitud que
se resumía en el adagio “se acata pero no se cumple”. Quizás sea más
plausible la hipótesis de que los jóvenes no conocen cabalmente los elementos constitutivos de un sistema político democrático ni las fronteras
de lo público, por lo cual ignoran que el adecuado funcionamiento de un
sistema político democrático requiere, entre otras cosas, la división de
poderes y la asignación de los recursos con base en criterios racionales
colectivos, establecidos legalmente, esto es, de acuerdo a unas normas
preestablecidas y conocidas por toda la comunidad.
